El Senado debate una modificación de la Ley de Tierras Rurales que vuelve a poner en discusión qué significa la soberanía territorial en un mundo donde la tierra, el agua y los alimentos han recuperado un valor geopolítico estratégico.
Debe ser que algo estoy entendiendo mal. Escucho al Gobierno explicar que flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros es simplemente una manera de dejar de “cerrarle la puerta en la cara” a los inversores privados, mientras endurece los controles sobre los Estados extranjeros.
Y pienso: ¡claro!, debe ser que durante siglos todos los países que protegieron su territorio estaban equivocados.
- Estados Unidos controla inversiones extranjeras cuando afectan sectores estratégicos;
- Brasil limita la compra de tierras por extranjeros;
- Canadá restringe adquisiciones en determinadas provincias;
- Uruguay discute fortalecer controles.
Pero evidentemente ninguno entendió todavía la verdadera revolución liberal de considerar que la tierra es exactamente igual que comprar acciones de una empresa o un departamento en Puerto Madero.
Debe ser eso…
La discusión parece plantearse como si existieran únicamente dos posiciones posibles: o uno acepta que cualquiera compre cualquier extensión de tierra o automáticamente es enemigo de la inversión privada. Y ahí creo que está el primer problema.
La Ley 26.737 jamás prohibió la inversión extranjera. Legalmente lo que se hizo fue establecer límites, crear un registro, fijar porcentajes máximos, impedir la concentración en determinadas zonas y reconocer que la tierra no es un activo cualquiera, sino un recurso estratégico. Algo bastante elemental, ¿no?
La tierra, por poco o mucho que nos guste, produce soberanía. Porque produce alimentos, concentra agua, define fronteras. Porque, cuando todas las inversiones financieras cambian de país en cuestión de segundos, la tierra sigue exactamente dónde estaba. Y justamente por eso casi todos los Estados del mundo establecen algún tipo de regulación, como práctica habitual.
Lo curioso es que el propio Gobierno ofrece un dato que termina debilitando su argumento. Según la información oficial, apenas el 6% de las tierras rurales argentinas están hoy en manos extranjeras, muy por debajo del límite legal del 15%. En provincias como Córdoba la participación extranjera ronda apenas el 1,2%.
Entonces… si la ley nunca impidió que ingresaran inversiones, si los porcentajes actuales ni siquiera alcanzan el tope permitido, si no existe evidencia de un mercado paralizado por esa regulación, ¿dónde está exactamente el problema que se pretende resolver?
El Gobierno insiste en diferenciar inversores privados de Estados extranjeros. Es cierto que el proyecto endurece controles sobre gobiernos extranjeros y empresas estatales, pero esa distinción supone una premisa bastante optimista: que en el capitalismo contemporáneo las disputas geopolíticas ocurren exclusivamente entre Estados, y hace años que sabemos que no.
Fondos de inversión, conglomerados multinacionales, sociedades con estructuras societarias extremadamente complejas y vehículos financieros participan hoy de la competencia global por recursos naturales.
Pensar que la única amenaza potencial proviene de un Estado extranjero es leer la geopolítica del siglo XXI con categorías del siglo XX. Pero, insisto, debo estar entendiendo mal; tal vez en la geopolítica del siglo XXI el territorio haya dejado de importar.
