Pretendo imaginar qué lugar ocupa el conocimiento en el desarrollo de este país. La ciencia volvió a salir a la calle y, con ella, una discusión que la Argentina debe dar. ¿Cuánto cuesta sostenerla y cuánto nos puede costar prescindir de ella?
Científicos, investigadores, becarios y trabajadores del sistema científico volvieron a salir a la calle. Hubo una convocatoria en el obelisco y movilizaciones en distintos puntos del país, en medio de reclamos por salarios, continuidad de becas, puestos de trabajo y financiamiento de proyectos. Pero detrás de esas demandas concretas, válidas por cierto, creo que hay una discusión que no todos los argentinos podemos comprender: ¿para qué necesita ciencia un país como la Argentina?
Esta pregunta, que engloba por definición una innumerable cantidad de bemoles, no es simple de responder en un país donde todo es relativo de acuerdo con la lupa con la que se observa. Tal vez no se lo comprende porque buena parte del trabajo científico ocurre lejos de nuestra vida cotidiana, ya sea en un laboratorio, en una universidad, frente a una computadora o durante años de investigación cuyos resultados no necesariamente son inmediatos. Y, sin embargo, convivimos permanentemente con sus consecuencias.
Ciencia es desarrollar una semilla capaz de producir mejor frente a una sequía. Es estudiar una enfermedad y encontrar nuevas formas de diagnosticarla o tratarla. Es mejorar un proceso industrial, anticipar una inundación, desarrollar tecnología satelital, analizar la pobreza, comprender los cambios demográficos o generar información para diseñar mejores políticas públicas. Es, en definitiva, producir conocimiento para resolver problemas.
Y ahí aparece una discusión que la Argentina debería poder dar sin caer en extremos. Es razonable exigir que el Estado administre eficientemente sus recursos, también es razonable evaluar qué se investiga, cuáles son las prioridades estratégicas y cómo se vincula el sistema científico con las necesidades productivas y sociales del país. Defender la ciencia no debería significar defender cada estructura existente de manera automática ni impedir cualquier discusión sobre su funcionamiento.
Pero revisar no es lo mismo que desarmar. Porque la ciencia tiene una particularidad que lamentablemente incomoda a la política y es que sus tiempos son mucho más largos que los tiempos electorales y sus resultados son difíciles de medir inmediatamente. Formar un investigador lleva años; construir un equipo de investigación lleva todavía más. Una línea científica puede necesitar una década antes de producir un descubrimiento relevante, y aquello que tarda años en construirse puede desaparecer bastante rápido cuando quienes fueron formados encuentran oportunidades en otros países.
Por eso la inversión científica no puede evaluarse solamente preguntando cuánto cuesta hoy, porque es necesario preguntarse cuánto puede costarle a un país no tenerla mañana. La Argentina discute desde hace décadas cómo crecer, cómo exportar más, cómo generar empleos de calidad y cómo dejar de depender recurrentemente de sus crisis económicas. Difícilmente alguna de esas respuestas pueda encontrarse renunciando al conocimiento, porque está comprobado que aquellos países que logran desarrollarse son esos capaces de agregarles conocimiento, tecnología e innovación a sus recursos. La marcha de los científicos debería servir, entonces, para plantear una discusión bastante más profunda que la de una partida presupuestaria. Se necesita pensar qué tipo de país queremos construir y qué conocimiento necesitamos para hacerlo. Porque, duela a quien le duela, lo que difícilmente pueda hacer, si pretende desarrollarse, es considerar que producir conocimiento es un lujo reservado para cuando sobren recursos.