Hay una vieja regla no escrita de la política que suele ser más importante que cualquier código o reglamento administrativo: “los gobernantes deben evitar aquellas situaciones que, aun siendo legales, resultan difíciles de explicar”… la confianza pública es un activo demasiado valioso como para no darle sentido.
La decisión de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, de adherir al régimen simplificado contemplado dentro de la llamada “Inocencia Fiscal” cae exactamente en esa categoría de situaciones difíciles de explicar.
La noticia llegó en medio de la expectativa por la presentación de las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y mientras avanzan investigaciones judiciales destinadas a determinar si existieron inconsistencias entre la evolución patrimonial del funcionario y los ingresos declarados. En paralelo, el propio Gobierno impulsa un discurso basado en la eficiencia y la crítica permanente a los privilegios de la vieja política.
La denominada Inocencia Fiscal constituye una de las apuestas más ambiciosas del gobierno de Javier Milei para incorporar al sistema formal parte de los ahorros que circulan por fuera de él. Bajo el argumento de abandonar la “presunción de culpabilidad fiscal”, la normativa limita la capacidad de ARCA para revisar patrimonios acumulados en el pasado y concentra los controles sobre los ingresos futuros. Quienes adhieren al régimen pueden regularizar su situación tributaria bajo un esquema simplificado y acceder al denominado “efecto liberatorio” o “tapón fiscal”, que restringe la posibilidad de revisiones sobre ejercicios anteriores, salvo excepciones previstas en la propia norma.
Dicho de manera sencilla: el Estado les dice a los contribuyentes que se concentren en tributar correctamente hacia adelante y que no tendrán que explicar exhaustivamente el origen de determinados activos acumulados con anterioridad, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la norma.
El Gobierno sostiene que se trata de una herramienta necesaria para movilizar recursos y facilitar la incorporación de capitales al circuito económico formal. Sus críticos observan una suerte de amnistía permanente para quienes decidieron mantenerse durante años en los márgenes del sistema. Es una discusión legítima, claro. Pero no es la discusión central que abre el caso Adorni. ¿Qué lleva al jefe de Gabinete de la Nación a acogerse precisamente a un régimen cuya principal característica es clausurar preguntas sobre el pasado, en momentos en que su evolución patrimonial se encuentra bajo observación pública y judicial?
Nadie habría prestado demasiada atención si un comerciante, un profesional o un pequeño empresario hubiese decidido adherir al régimen. Pero Adorni es el jefe de Gabinete de la Nación y, además, es uno de los rostros más visibles del gobierno libertario. Y también es uno de los principales voceros de una administración que construyó buena parte de su identidad pública denunciando privilegios, cuestionando excepciones y prometiendo una relación diferente entre los ciudadanos y el Estado.
Por eso, aunque desde el entorno de Adorni insistan en que no hubo blanqueo de dólares ni regularización de dinero oculto, y aunque sostengan que el trámite persigue únicamente una simplificación administrativa, la pregunta pública sigue siendo inevitable: ¿era este el momento para hacerlo? Porque realmente parece un chiste de muy mal gusto.
Mientras millones de argentinos ajustan gastos, postergan consumos y escuchan permanentemente discursos sobre responsabilidad individual, esfuerzo y disciplina fiscal, la imagen de altos funcionarios ingresando a un esquema que les permite cerrar discusiones sobre patrimonios previos produce inevitablemente ruido, se genera esa sensación de ventaja, bien molesta.
La ciudadanía suele ser mucho más sensible a estas contradicciones de lo que los estrategas políticos imaginan, especialmente en contextos de sacrificio económico.
Quizás la principal lección del caso sea que la legitimidad democrática no depende únicamente de que las instituciones funcionen correctamente. También depende de que quienes las conducen comprendan el valor político de la prudencia.
¿Haría esto alguien que quiere convencer a los ciudadanos de que vino a cambiar la política?
