El 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2065 (XX), un documento que se convertiría en la piedra angular para sostener el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, San Pedro y Esquivel y los espacios marítimos circundantes. Promovida por una coalición de países latinoamericanos y otros estados miembros, la Resolución 2065 fue mucho más que una simple declaración diplomática: estableció el marco legal y político que, hasta el día de hoy, rige la posición de la comunidad internacional respecto a la disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido.
La trascendencia de esta resolución radica en varios puntos cruciales que definen la naturaleza de la controversia. En primer lugar, la ONU reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía, invitando directamente a las dos partes involucradas —Argentina y el Reino Unido— a celebrar negociaciones para encontrar una solución pacífica al problema. Esta invitación no es menor, pues transforma la cuestión de las Islas Malvinas de un mero desacuerdo bilateral a un tema de interés y competencia de la comunidad internacional bajo el paraguas de la descolonización.
Pero quizás el aspecto más importante de la Resolución 2065 y de la doctrina que la sucedió es la manera en que aborda el principio de libre determinación de los pueblos. Si bien este principio es fundamental para el proceso de descolonización global, la ONU determinó que, en el caso específico de las Islas Malvinas, este no era el principio rector aplicable.
La resolución, y las subsiguientes resoluciones del Comité Especial de Descolonización (C-24), establecieron que la disputa debe resolverse teniendo en cuenta “los intereses de los habitantes de las Islas” y no, como en otros casos coloniales, sus deseos expresos de autodeterminación. Esta diferencia es vital. La ONU entendió que la población actual fue implantada por la potencia administradora (Reino Unido) después del acto de fuerza de 1833 que desalojó a las autoridades argentinas. Aplicar la libre determinación a una población de origen británico implantada artificialmente socavaría el reclamo territorial del país despojado y, por ende, contravendría el objetivo de la descolonización en este contexto particular.
Al priorizar la solución de la disputa de soberanía por encima de la autodeterminación, la ONU reconoció la existencia de una controversia territorial que precede a la actual población, situando el caso Malvinas como una situación colonial especial y particular en la que debe respetarse la integridad territorial del Estado reclamante.
La resolución ha tenido los siguientes impactos clave: es un marco legal vinculante, establecía una base para la política exterior argentina, y se aprueba sobre una base de consenso regional, pues unificó el apoyo de los países de América Latina a la causa argentina, convirtiendo la cuestión Malvinas en una causa regional. Organismos como la CELAC, la OEA y el MERCOSUR han adoptado declaraciones basadas en la premisa de la negociación dispuesta por la ONU.
Pero, lamentablemente, a 60 años de tamaña Resolución a través de la cual la sociedad internacional apoyó los reclamos argentinos, hay un Gobierno que mira para otro lado frente a los hechos consumados del Reino Unido en los archipiélagos australes, priorizando los dictados que, desde el Departamento de Estado, sostienen un disciplinamiento con Washington y sus aliados de la OTAN para aislar a China en el Atlántico Sur. Es grave saber que Argentina está aceptando por la vía del silencio que las reformas al puerto de Puerto Argentino sea la puerta de entrada a la Antártida, renunciando a tener un puerto de aguas profundas en Ushuaia.
A 60 años de la 2065, Argentina prioriza extraños valores internacionales frente a una Causa que une a toda la sociedad argentina y que obliga al país frente al recuerdo de los Caídos, los Veteranos y quienes se suicidaron.
Ojalá que el Gobierno abra los ojos a tiempo; ojalá que quienes fueron los arquitectos de esa victoria internacional, la UCR, deje de tener complicidad pasiva con un Gobierno que sostiene valores, políticas y prácticas totalmente diferentes a las del Gobierno de 1965.
