Desde el sector sanatorial sostienen que los cambios en la forma de pago y el atraso en los recursos pueden afectar la atención en clínicas y, aumentar la demanda en hospitales públicos.
Un estudio que no se hace. Un turno que no llega. Un diagnóstico que se demora. En salud, lo que falta hoy puede aparecer mañana como enfermedad más grave.
La situación del PAMI volvió a encender alertas en el sistema de salud, tanto a nivel nacional como en Río Cuarto.
Desde la Asociación de Entidades Sanatoriales local advierten que las modificaciones en los convenios y el atraso en los recursos ya tienen impacto en la cantidad y calidad de las prestaciones.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al cambio en el modelo de pago. Según Mario Piastrellini, gerente de la Asociación de Entidades Sanatorias, se pasó de un esquema por prestación donde cada práctica realizada era cubierta, a un sistema capitado que fija un monto determinado para una cantidad limitada de prácticas. En términos concretos, si antes se realizaban más estudios para control, prevención y diagnóstico, ahora el financiamiento contempla solo una parte de esas intervenciones.
Menos estudios preventivos, más demoras en turnos y menor capacidad de seguimiento de enfermedades son algunas de las consecuencias señaladas. Piastrellini advierte, además, que este recorte puede traducirse en un aumento de la morbilidad y la mortalidad, al dificultar la detección temprana de patologías.
A esto se suma el desfasaje económico. Indica que, frente a un contexto inflacionario elevado, los incrementos en los ingresos del sistema quedaron por debajo, lo que profundiza el deterioro financiero de clínicas y sanatorios. También remarca problemas en los plazos de pago y la falta de previsibilidad, factores que complican la planificación y el sostenimiento de las prestaciones.
El impacto no se limita al sector privado. En Río Cuarto, donde el sistema de salud ya presenta limitaciones estructurales, advierte que una eventual reducción de servicios o cierre de clínicas podría trasladar la demanda al sistema público. En una región con menos de mil camas para una población de referencia de cientos de miles de personas, cualquier reducción en la oferta privada podría generar una situación crítica.
Piastrellini sostiene que hospitales públicos, que ya reciben a pacientes sin cobertura por la crisis económica, difícilmente puedan absorber una mayor demanda proveniente de afiliados del PAMI. Esto podría derivar en mayores tiempos de espera y una sobrecarga del sistema. También cuestiona el abordaje político de la salud. Plantea que, al no ser una de las principales preocupaciones en la agenda pública, pierde prioridad en la toma de decisiones. Esto, contribuye a un proceso sostenido de desfinanciamiento que lleva décadas y que se evidencia en herramientas como la ley de emergencia sanitaria, vigente desde 2002, que reconoce las dificultades estructurales del sistema.
Finalmente, advierte sobre un doble efecto de las medidas actuales: por un lado, un deterioro en la atención de los afiliados, y por otro, una contracción del sistema sanitario en su conjunto. En ese marco, reclama que se expliciten las políticas aplicadas y sus consecuencias, y que se garantice un esquema de financiamiento que permita sostener las prestaciones y evitar un mayor impacto en la salud de la población. En Río Cuarto, la demora dejó de ser una posibilidad para convertirse en rutina. Los estudios que no llegan, los turnos que se postergan y los diagnósticos tardíos son parte de la experiencia cotidiana de quienes dependen del sistema. La tensión entre recursos que no alcanzan y demandas que crecen dejó de ser una proyección: hoy se traduce en cuerpos que esperan, en enfermedades que avanzan y en un sistema que empieza a crujir.
