El presidente de la Caja de Farmacéuticos, Germán Daniele, señaló a OTRO PUNTO SALUD que la ampliación de patentes impulsa la innovación, pero sin regulación de precios puede dificultar el acceso a tratamientos y aumentar la presión sobre el sistema de salud.
Las patentes farmacéuticas son el mecanismo que permite a un laboratorio que desarrolla un nuevo tratamiento tener exclusividad en su comercialización por un período de hasta 20 años. Sin embargo, ese plazo comienza a correr desde que se inscribe el proyecto, por lo que el tiempo efectivo de explotación se reduce: la investigación y el desarrollo pueden demandar entre ocho y diez años. El objetivo, en definitiva, es proteger la inversión de los laboratorios que apuestan por nuevas terapias.
En ese marco, la reciente flexibilización del sistema argentino amplía la posibilidad de patentar determinados desarrollos farmacéuticos. Para Germán Daniele, presidente de la Caja de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, esta medida podría representar una ventaja en términos de acceso a la innovación. Pero advierte que el verdadero problema no está sólo en la patente, sino en la falta de una política de precios que acompañe ese proceso.
Durante la vigencia de una patente, el laboratorio titular conserva la exclusividad de comercialización y, al no existir competencia, tiene mayor margen para fijar el valor del medicamento. Según Daniele, esto suele traducirse en precios elevados, especialmente en tratamientos vinculados a enfermedades complejas o de alto costo, como el cáncer, la fibrosis quística o los trasplantes.
Cuando la patente vence, otros laboratorios pueden replicar esos tratamientos y aparecen los biosimilares, medicamentos que introducen competencia en el mercado y permiten una reducción de precios. Esa dinámica, explican desde el sector, mejora las posibilidades de acceso. Por eso, advierten que si las patentes se extienden sin evidencia científica suficiente que lo justifique, se retrasa la aparición de alternativas y se prolonga la exclusividad, con impacto directo en los costos.
A eso se suma otro punto clave: en Argentina no existe una agencia nacional de evaluación de tecnologías médicas que determine si el precio de un tratamiento guarda relación con el beneficio real que aporta a la salud del paciente. En otros países, este tipo de organismos define qué medicamentos deben ser cubiertos y bajo qué condiciones. En cambio, en el país, muchas de esas decisiones terminan resolviéndose en los tribunales.
“El sistema de salud está altamente judicializado”, advierte Daniele. En la práctica, los médicos indican tratamientos, los pacientes presentan amparos y la cobertura termina siendo obligada por vía judicial. Ese esquema impacta de lleno sobre las obras sociales y prepagas, que hoy destinan entre el 40% y el 50% de su presupuesto a medicamentos, una porción cada vez más asociada a terapias innovadoras desarrolladas por laboratorios multinacionales.
En ese escenario, los biosimilares cumplen un papel clave: aunque no impliquen inversión en investigación, aportan competencia y ayudan a equilibrar los precios. Para Daniele, el sistema de patentes sigue siendo necesario para incentivar el desarrollo de nuevos tratamientos, pero sostiene que sin una regulación clara sobre costos y cobertura, la incorporación de terapias cada vez más caras puede profundizar las dificultades de acceso y aumentar la presión sobre todo el sistema sanitario.
En ese sentido, remarcó que, en la mayoría de los casos, estos tratamientos deben ser cubiertos al 100% por obras sociales y prepagas, ya sea porque están contemplados dentro de la cobertura médica obligatoria o porque esa cobertura puede exigirse judicialmente. “El problema de accesibilidad para el afiliado es tener acceso a un buen abogado”, señaló, al explicar que muchas veces la resolución termina dependiendo de un amparo. Una vez garantizado ese derecho, aclaró, el costo no debería recaer sobre el paciente, sino sobre la obra social o prepaga correspondiente.
Así, más allá del debate sobre innovación, propiedad intelectual o desarrollo científico, la discusión vuelve a poner el foco en una desigualdad más profunda: en Argentina, muchas veces el acceso a un tratamiento no depende sólo de la indicación médica, sino también de la posibilidad de litigar para hacerlo efectivo.