La batalla judicial de Paola Ortíz (43)

El aire al otro lado de la puerta

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dejó sin efecto la prisión perpetua y liberó a Paola Ortíz, la cordobesa  que fue condenada cuando tenía 29 años, por la muerte de su hija recién nacida. Tras 14 años de detención, recuperó la libertad el 1 de septiembre. Su abogada, Rocío García Garro, reconstruye para Otro Punto la historia de una mujer que atravesó una emergencia obstétrica y una sentencia marcada por estereotipos. Ahora, empieza otro desafío: aprender nuevamente a vivir afuera.

La esperaron afuera de Bouwer. Ya era de noche. Paola Ortiz había pasado casi catorce años detrás de esas paredes. Esa tarde, sin embargo, algo había cambiado. Una resolución judicial había dispuesto su libertad y sus abogadas, Rocío García Garro y Julia Luna, fueron hasta la cárcel para buscarla. Primero estuvieron los papeles. Después, la revisión médica. Los tiempos burocráticos de siempre. Mientras esperaba, Paola todavía no terminaba de entender qué estaba pasando. Rocío la describe en estado de shock. Le habían dicho que se iba, pero parecía imposible que después de tantos años pudiera ser cierto.

Afuera, de a poco, empezó a llegar su familia.Y esperaron. Cuando finalmente apareció, después de casi catorce años, Paola salió acompañada por quienes habían ido a buscarla. Afuera estaban sus abogadas, sus familiares, el mundo que durante años había continuado mientras ella permanecía encerrada. Y entonces dijo una frase que Rocío todavía recuerda: “El aire ya de la puerta para afuera era diferente”. Tiene 43 años. La última vez que había estado en libertad tenía 29.

Para entender por qué Paola Ortiz pasó casi catorce años presa hay que volver a 2012. Vivía en las afueras de Villa Nueva, en una situación de extrema precariedad. No tenía transporte. Vivía en una habitación que le había prestado un hombre que la violentaba de muchas maneras.  Una noche comenzó un parto. Fue, según explica Rocío García Garro, un “parto en avalancha”. Esto es una emergencia obstétrica en la que el trabajo de parto puede desarrollarse de manera extremadamente rápida, con contracciones que no se detienen hasta la expulsión. Paola estaba sola. No había una ambulancia cerca. No había un médico. No había alguien que pudiera asistirla.

Lo que ocurrió después fue determinante para el resto de su vida. El bebé nació sin vida, según sostiene la defensa. Pero en lugar de recibir una respuesta del sistema sanitario frente a una emergencia obstétrica, Paola tuvo contacto con otro brazo del Estado: la Policía. Y de allí pasó a estar privada de su libertad. “Lo que debería haber sido una intervención médica terminó siendo una intervención policial”, resume Rocío. A partir de entonces, la pregunta dejó de ser qué le había ocurrido a Paola y pasó a ser qué había hecho Paola.

En 2015 fue condenada a prisión perpetua por el homicidio calificado por el vínculo de su hija recién nacida. Para su defensa actual, aquella sentencia estuvo atravesada por una idea sobre lo que una mujer debía saber y hacer frente a un parto. Como si por ser mujer tuviera que saber parir. Como si por ser madre tuviera que saber cómo actuar ante una emergencia médica. Como si pedir ayuda fuera una posibilidad al alcance de cualquiera.

“Uno no tiene las herramientas”, explica Rocío. Y recuerda, con la voz quebrada, algo que le dijo a Paola cuando comenzaron a trabajar en su caso: si a ella le hubiera ocurrido lo mismo, podría haber terminado exactamente en el mismo lugar. Porque parir, dice, es una situación en la que las mujeres muchas veces necesitan asistencia y en la que pueden aparecer complicaciones que requieren profesionales de la salud. Paola, sin embargo, no recibió esa asistencia. Recibió una condena. Y pasó los siguientes años presa.

Mientras Paola estaba presa, el país cambió. Cambió la forma de hablar sobre la violencia contra las mujeres. Llegó la Ley Micaela. En 2018 las denuncias públicas contra las violencias de género ocuparon las calles y las conversaciones. En 2020 se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pero Paola seguía en Bouwer. La mujer que había sido juzgada en 2015 bajo muchos estereotipos permanecía encerrada mientras, afuera, la sociedad discutía precisamente esas ideas. “En 2012 y en 2015 era otra realidad”, dice Rocío. No lo plantea como una justificación para la Justicia, sino como una forma de explicar cuánto ha cambiado la mirada sobre los derechos de las mujeres.

Y todavía faltaba que ese cambio llegara a la historia de Paola. En 2022, un grupo de abogadas pertenecientes a Católicas por el Derecho a Decidir comenzó a revisar situaciones de mujeres privadas de su libertad a partir de un hábeas corpus colectivo vinculado con las condiciones de las mujeres embarazadas y de aquellas que atravesaban situaciones de parto dentro del sistema penitenciario. Entre esos expedientes apareció Paola. Rocío García Garro y Julia Luna conocieron su historia y fueron a visitarla. No la conocían de antes. La encontraron detrás de una condena que llevaba años sin ser discutida desde una perspectiva diferente. En abril de 2024 presentaron una acción de revisión. No fue un camino rápido. Pasaron dos años y medio. Durante ese tiempo Paola siguió presa.

Las abogadas evaluaron distintas posibilidades: intentar llegar a la Corte Suprema, iniciar otros caminos judiciales, incluso recurrir a organismos internacionales. Pero eligieron insistir ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba porque consideraban que podía ser una vía más accesible y rápida.

Esperaron. Hasta el martes 1 de septiembre de 2026. La noticia llegó en forma de una cédula. Rocío la leyó. Y no podía creerla. Julia tampoco. Paola tampoco. “Fue muy emocionante”, cuenta Rocío. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resolvió revisar su condena y dejar sin efecto la prisión perpetua, estableciendo una pena equivalente al tiempo que ya había cumplido: 13 años, 9 meses y 26 días. No fue una absolución. Pero Paola podía recuperar su libertad. Ese mismo día.

Cuenta su abogada que Paola a pocos días de recuperar su libertad hace las cosas normales. Ir al super, a la verduleria. Pero le está costando adaptarse de nuevo al mundo exterior. A veces, cuando va caminando por la calle se marea.  Paola está aprendiendo de nuevo. A moverse. A usar el transporte. A manejar dinero. A entender un mundo que cambió mientras ella estaba encerrada. Pequeñas cosas. Cuando fue detenida, para subir a un colectivo había que pagar con billetes. Hoy hay que cargar una tarjeta. Están las redes sociales. Las notificaciones. Los sonidos. Las imágenes. Una cantidad de estímulos que no estaban allí cuando entró a prisión.

Tiene 43 años y cuatro hijos. Ahora está con su familia, resguardada. Todavía no volvió a Villa Nueva porque, explica su abogada, hacerlo de inmediato podría haber sido violento para ella.

Por eso, para Rocío, la salida de Paola no es el final. Es apenas el comienzo de otra discusión.  Porque una mujer que pasó casi catorce años privada de su libertad no puede simplemente atravesar una puerta y quedar sola frente a una sociedad que aprendió a vivir sin ella. Rocío recalca que Paola necesita un Estado presente. Necesita acompañamiento. Necesita reconstruir vínculos, recuperar herramientas, aprender nuevamente aquello que la cárcel le quitó. Y necesita, también, que su caso no quede encerrado en su propia historia.

Rocío espera que la decisión del Tribunal Superior sirva para mirar otros casos de mujeres atravesadas por emergencias obstétricas y vulnerabilidades similares. Que la justicia pueda preguntarse, antes de juzgar, qué condiciones rodearon a esa mujer, qué posibilidades reales tenía, qué violencias había atravesado y qué respuestas recibió del Estado. Porque la historia de Paola también habla de eso. De qué sucede cuando una emergencia de salud llega a una mujer que no tiene recursos. De qué pasa cuando el primer Estado que aparece no es un hospital, sino un patrullero. Y de cómo una situación médica puede terminar convertida en una causa penal. “Las situaciones de salud deben ser abordadas por el sistema de salud”, insiste Rocío. Paola estuvo casi catorce años presa. Ahora está afuera. Y mientras aprende nuevamente a cruzar una calle, a tomar un colectivo o a manejar una tarjeta, también empieza otra parte de su historia. La de una mujer que volvió a respirar sin rejas. La de una madre que volvió a encontrarse con su familia. La de alguien que, después de catorce años, volvió a sentir que el aire del otro lado de una puerta era diferente.