MEGACAUSA GUTIÉRREZ-DI SANTO

Los ecos de plomo que el sur cordobés no se resigna a callar

Con veinte acusados en el banquillo y la participación inédita de un municipio como querellante, el juicio visibiliza una red de complicidades policiales, militares y civiles. Sobrevivientes y referentes locales advierten sobre el riesgo del olvido frente al negacionismo actual.

Foto de portada: Carolina Savino

Casi medio siglo después, los tribunales federales de Córdoba vuelven sobre una historia que todavía duele. Entre expedientes, testimonios y años de espera, comenzó la Megacausa Gutiérrez-Di Santo, el mayor juicio por delitos de lesa humanidad de la última década en la provincia de Córdoba, desde la histórica sentencia de La Perla-La Ribera (2016). Reúne cinco causas que investigan el plan sistemático de terror y exterminio que golpeó al sur provincial, con Río Cuarto como uno de sus principales escenarios, entre 1975 y 1983.

El martes 27 de octubre, durante la segunda audiencia, la escena quebró por completo el espejo de la jornada inaugural, aquella en la que todos los rostros del horror se habían amontonado bajo los mismos techos del tribunal.Esta vez, la mayoría de los 20 acusados siguió el desarrollo del juicio de forma remota. Unos amparados por el beneficio de la prisión domiciliaria; otros, beneficiados por la autorización del tribunal para evitar que la fragilidad de su avanzada edad y sus múltiples achaques frenaran el proceso.

Verlos ahí, pixelados o ausentes, trae una ironía amarga: mientras la impunidad de los años les regaló una vejez protegida entre cuatro paredes, el peso de sus crímenes sigue intacto y golpea como una patada en el estómago frente al dolor de un sur cordobés que lleva medio siglo exigiendo la verdad.

Este universo de encausados, integrado por exmilitares, expolicías y personal civil de inteligencia de los cuales seis enfrentan un juicio por primera vez, expone un mosaico de complicidades que abarca a todo el aparato represivo del sur cordobés. En esta trama se inscriben las historias de 78 víctimas, atravesadas por el secuestro, la tortura, la desaparición y otras formas de persecución.

Más allá del tiempo transcurrido, el pasado se niega a ser una pieza de museo.

Hay quienes no necesitan acudir a los archivos para reconstruir aquella historia: la vivieron en primera persona. Es el caso del doctor Daniel Mario Olartecoechea, abogado, querellante y sobreviviente. En su relato, el origen se remonta a febrero de 1974, cuando un grupo de policías encabezó un golpe que derrocó al gobernador Ricardo Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López. El hecho, conocido como el Navarrazo, marcó el inicio de una etapa de persecución y violencia política en la provincia.

“A partir de ahí empezaron a salir los grupos parapoliciales, el Comando Libertadores de América aquí en Córdoba y en Río Cuarto la Triple A”, relata ante el tribunal.

La violencia no distinguió escritorios ni barricadas. A mediados de abril de 1975, una bomba estalló en su propia casa, en Río Cuarto. La Triple A le dejó un comunicado: lo acusaban de participar en el copamiento del establecimiento militar de Villa María y le daban siete días para abandonar el país o ser ejecutado. El 1 de mayo de 1975 partió al exilio.

Pero una de las experiencias más difíciles de su vida había ocurrido meses antes, en el D2 cordobés, donde permaneció secuestrado durante veinte días, a fines de 1974, por una confusión de apellido.

“Estábamos todos los detenidos sentados en el patiecito de entrada. Yo estaba atado con otra persona y tabicado. Se escuchaban constantemente los golpes y los gritos de quienes eran torturados”, recordó.

Aquellos días dejaron marcas que lo acompañaron durante décadas: por treinta años, las noches estuvieron interrumpidas por despertares abruptos, golpes y patadas en medio de la oscuridad.

La geografía del infierno

El mapa humano de esta crónica encuentra otra de sus paradas en la voz de David Andenmaten, exmilitante del Peronismo de Base y de la Agrupación Universitaria de Base, hoy exiliado y radicado en Ginebra. Frente al tribunal, su relato desarma paso a paso la maquinaria represiva que destrozó el sur cordobés en mayo de 1976.

Primero fue el allanamiento nocturno en su casa de Barrio Alberdi; días después, el secuestro a las nueve de la mañana en la fábrica de baterías del Barrio General Paz donde trabajaba. De allí, directo a la tortura del submarino húmedo en el D2 y a un peregrinaje demencial que incluyó setenta y un días de aislamiento absoluto en una celda de 2 por 1,5 metros en la Jefatura de Policía de Río Cuarto.

Luego de su paso por la cárcel de la ciudad y la UP1 de Córdoba —donde compartió celda con el músico Braulio López, de Los Olimareños—, Andenmaten fue sometido en junio de 1978 a una nueva sesión de torturas personalizadas por el “Gato” Gómez en la nueva sede del D2 sobre calle Mariano Moreno.

El clímax de la pesadilla llegó el 27 de octubre de 1978, cuando fue subido a un avión militar rumbo a la cárcel de La Plata. En pleno vuelo, su compañero Alberto Pinto, un militante riocuartense epiléptico a quien los guardias negaban la medicación, sufrió un ataque convulsivo. Ante las convulsiones, los militares reaccionaron con una amenaza escalofriante: arrojarlo al vacío en pleno vuelo. Al aterrizar, Pinto recibió una paliza feroz por negarse a firmar un acta autoinculpatoria y murió días después en la enfermería. Tras recuperar la libertad vigilada, Andenmaten logró cruzar la frontera hacia Brasil en abril de 1980 y obtener asilo político en Suiza.

“Esto fue hace 50 años, y no hay un día que no piense en eso… Lo que me pasó me va a acompañar hasta la muerte”, resume con la fatiga de un sobreviviente que carga el peso de los que ya no están.

El tejido político del presente

Fuera de los estrados judiciales, la política muestra las contradicciones de una época que tambalea entre la memoria y el olvido. Desde la intendencia de Río Cuarto —el primer y único Estado municipal del país en presentarse como querellante en juicios de lesa humanidad—, las gestiones se jactan de sostener una política de Estado que trasciende los mandos. En palabras del propio intendente Guillermo de Rivas, presente en el histórico hito judicial, esta participación comunitaria representa un valor inquebrantable frente al negacionismo actual:

“Muchos hoy lo niegan, muchos hablan de números, pero este es un caso concreto. Más de 70 familias y personas fueron víctimas de la violencia, del terrorismo de Estado en nuestra región. Hoy la justicia tiene que resolver sobre este hecho de lesa humanidad”.

A esa voz se suma la del ex intendente Juan Manuel Llamosas, quien destacó que la querella municipal iniciada en la causa Gutiérrez durante la gestión de Juan Jure es la prueba cabal de una política que involucra a toda la comunidad y a la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

Sin embargo, en la calle y en las voces de quienes vivieron el terror en carne propia, el contraste con el clima socio-político actual estremece. Voces de ex presas políticas como Irma Angélica Casas –militante y ex presa política, que estuvo secuestrada en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio La Perla– advierten sobre el vaciamiento de los derechos, el desamparo actual y la deshonra de banderas históricas por parte de una dirigencia que parece haber olvidado las luchas de los desaparecidos. 

“Muchas veces me siento defraudada con el pueblo, porque digo ‘estuve seis años presa al pedo’. No concientice a nadie. A nadie le di a entender que debía defender sus derechos. Ellos tienen que defender sus derechos porque después va a ser tarde”, expresó con la crudeza de quien salió viva de las catacumbas de la dictadura para estrellarse contra la indiferencia.

Justicia, no venganza

A su lado, los familiares agrupados en colectivos como Historias Desobedientes —con testimonios desgarradores como el de Adriana Britos, hija de un expolicía del D2, que expone la violencia intramuros ejercida por los propios victimarios que amenazaban con quemar vivas a sus propias familias— demuestran que el genocidio no solo destruyó el tejido social externo, sino que dinamitó las entrañas de los hogares.

A cincuenta años de aquellos operativos clandestinos, la Megacausa Gutiérrez-Di Santo pone sobre la mesa algo más que condenas penales: pone a prueba la salud moral de una sociedad que aprendió a caminar sobre escombros institucionales. Como bien resumió el doctor Olartecoechea ante los jueces, en una frase que recoge el reclamo de las 78 víctimas y de todo un pueblo que se resiste al olvido:

“Lo que quiero es que se haga justicia solamente. Esto no es venganza, es justicia nada más.”