En Argentina, la sífilis no es una enfermedad nueva ni misteriosa. Tampoco es una amenaza imposible de controlar. Es prevenible, se diagnostica con pruebas simples y se cura con un tratamiento accesible. Por eso, cuando los casos se duplican en pocos años, la pregunta es: ¿qué decisiones —y qué omisiones— nos trajeron hasta acá?
Durante décadas, la sífilis estuvo bajo un control relativo producto de un entramado de políticas de salud sexual y reproductiva que combinaban educación, prevención, testeo y tratamiento. Con sus falencias y debilidades, era un sistema que funcionaba. Hoy, ese entramado se está desarmando y la sífilis es una de las primeras en mostrar las consecuencias.
En el último año, los diagnósticos de sífilis alcanzaron cifras récord, con aumentos que superan largamente las variaciones esperables. El crecimiento se concentra en personas jóvenes —entre 15 y 39 años— y también en mujeres embarazadas. Este último dato debería encender todas las alarmas ya que el embarazo es, en teoría, uno de los momentos de mayor contacto con el sistema de salud. Si incluso ahí fallan la detección y el tratamiento oportuno, el problema no es individual, sino que ya es estructural.
La explicación no está en una supuesta “irresponsabilidad” de las personas ni en un cambio repentino de comportamientos sexuales. Esa lectura moralizante es cómoda, pero totalmente falsa. Las infecciones de transmisión sexual responden de manera directa a la fortaleza —o al debilitamiento— de las políticas públicas que las abordan. Y hoy esas políticas están siendo recortadas, desfinanciadas o directamente desactivadas.
Cuando el Estado deja de comprar y distribuir preservativos de manera sistemática, la prevención deja de ser un derecho y pasa a ser un privilegio. Cuando se vacían los programas de educación sexual integral, se erosionan las condiciones sociales que permiten tomar decisiones informadas y cuidadas. Cuando se reducen las campañas públicas y el testeo accesible, las infecciones circulan en silencio, se diagnostican tarde y se transmiten más.
Por supuesto que nada de esto ocurre de un día para el otro. Las curvas epidemiológicas no suben por accidente sino cuando se cortan varios hilos al mismo tiempo. Menos insumos, menos información, menos presencia territorial, menos seguimiento. En ese contexto, incluso una enfermedad curable se vuelve persistente.
Desde una mirada demográfica, además, hay que ser cuidadosos con las lecturas superficiales. La caída de la natalidad puede hacer creer que ciertos indicadores —como la sífilis congénita— mejoran, cuando en realidad lo que baja es el número de nacimientos, no el riesgo. Sin tasas, sin análisis por cohortes y sin seguimiento de coberturas, la política pública se evalúa mal y se corrige tarde.
El aumento de la sífilis también expone con claridad un problema federal asociado a la descentralización del sistema de salud. Existen políticas y programas —en particular los vinculados a la salud sexual y reproductiva— que requieren conducción, financiamiento y continuidad desde el nivel nacional para garantizar condiciones mínimas de equidad territorial. Cuando el Estado nacional se retrae de ese rol, provincias y municipios quedan librados a sus propias capacidades institucionales, técnicas y fiscales. Algunas jurisdicciones logran compensar parcialmente ese vacío; otras no. El resultado es una creciente fragmentación del derecho a la salud sexual y reproductiva, donde el acceso a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento depende cada vez más del lugar en el que se vive, y no de la condición de ciudadanía.
Decir que la sífilis “volvió” es, en el fondo, una forma elegante de esquivar responsabilidades. La sífilis no volvió sola; la hicimos volver cuando decidimos desarmar las políticas que la mantenían bajo control.
Mientras sigamos leyendo estos datos como problemas individuales y no como lo que son —el reflejo de decisiones políticas concretas—, el costo lo van a seguir pagando, como siempre, los mismos sectores: jóvenes, mujeres, personas con menos recursos y territorios con menos Estado.
