Las nuevas generaciones vuelven a poner en cuestión debates que parecían saldados. Entre el aborto, la ESI y una agenda internacional que cambia, quizás sea momento de revisar los derechos conquistados y las políticas públicas que debían sostenerlos.
Tengo la suerte de ser docente universitaria y eso me permite conversar, escuchar y, muchas veces, sondear qué piensan jóvenes de alrededor de 20 años sobre algunos de los temas que atraviesan nuestra agenda pública.
Un día de estos que pasaron, en esas conversaciones espontáneas que se dan a raíz de algunas noticias que habían resonado, hablamos sobre el aborto. Encuentro en esos alumnos posiciones bastante más críticas de las que quizás hubiera imaginado algunos años atrás. Algunos cuestionan la legalización del aborto; otros sostienen que la ESI no se implementó bien o que, en ciertos casos, se transformó más en una bajada ideológica que en una verdadera herramienta de educación, que se habló de derechos pero poco de responsabilidades y que el aborto terminó ocupando demasiado espacio dentro de una discusión que debería ser mucho más amplia.
Los escucho… no puedo coincidir, pero sí creo que hay algo que quienes defendemos los derechos sexuales y reproductivos deberíamos preguntarnos. Si una generación que creció con buena parte de estos derechos ya reconocidos comienza a ponerlos en discusión, responder simplemente que se trata de jóvenes conservadores sería demasiado cómodo, ¿no?. Quizás también haya que revisar qué hicimos con las políticas públicas que debían acompañarlos.
Pensé en esas conversaciones cuando Argentina decidió adherir a la Declaración del Consenso de Ginebra, una iniciativa internacional que sostiene, entre otras cosas, que no existe un derecho internacional al aborto y reivindica la potestad de los Estados para definir sus políticas en esta materia. La declaración no modifica por sí misma la legislación argentina ni deroga la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero, políticamente importa… las políticas públicas se construyen con señales, prioridades y discursos, también.
Y porque en materia de derechos casi nunca se retrocede de un día para otro. Primero hay una discusión centrada en la legitimidad; después se cuestionan las políticas que los hacen posibles y más tarde se reducen programas, presupuesto, información o capacidad institucional. La ley puede incluso permanecer escrita mientras el acceso efectivo comienza a deteriorarse.
Durante demasiado tiempo la discusión argentina quedó atrapada entre estar a favor o en contra del aborto; es comprensible por la dimensión política, moral y social que tuvo ese debate. Pero el derecho a la salud sexual y reproductiva es mucho más amplio, significa que un/a adolescente pueda recibir información confiable antes de iniciar sus relaciones sexuales, acceder al anticonceptivo que elija y no solamente al que haya disponible ese día, que pueda decidir si quiere tener hijos, cuándo y cuántos, que pueda atravesar una consulta médica sin ser juzgada, que exista prevención de infecciones de transmisión sexual, que haya atención durante el embarazo y el parto, que una víctima de violencia sexual encuentre un Estado capaz de responder y también que quien enfrenta un embarazo no intencional pueda acceder a las prestaciones que reconoce la legislación vigente.
Mirado así, resulta difícil pensar que la respuesta pueda ser menos educación sexual. Podemos discutir cómo se implementó la ESI, más aún, debemos hacerlo. Pero acá el principal problema es que estamos hablando de mala implementación para concluir que la política es innecesaria.
Y aquí aparece inevitablemente la perspectiva de género. Un embarazo no intencional no produce las mismas consecuencias sobre un varón que sobre una mujer, tampoco recaen de la misma manera las tareas de cuidado, la interrupción de estudios o trayectorias laborales ni muchas de las responsabilidades vinculadas con la crianza. Esto no significa desconocer el lugar de los varones, significa reconocer una desigualdad material que todavía existe y las políticas públicas están precisamente para intervenir sobre esas desigualdades.
Por eso me preocupa que el debate sobre estos temas vuelva a organizarse exclusivamente alrededor de posiciones identitarias: progresistas contra conservadores, pañuelos verdes contra celestes, feminismo contra antifeminismo, porque perdemos la posibilidad de preguntarnos algo bastante más importante: ¿qué políticas disminuyen embarazos no intencionales? ¿Cuáles reducen la mortalidad materna? ¿Cuáles previenen abusos? ¿Cuáles permiten detectar violencia? ¿Cuáles garantizan acceso a anticonceptivos? ¿Cuáles consiguen que adolescentes y jóvenes tomen decisiones con mayor información?
Eso también debería ser parte de la conversación sobre el aborto, porque incluso alguien que moralmente esté en contra podría encontrar buenas razones para defender una política pública que reduzca la cantidad de embarazos no intencionales. Y alguien profundamente comprometido con el derecho a decidir debería poder preguntarse si las políticas de prevención y educación que acompañaron la legalización estuvieron a la altura. Lo cierto es que los derechos no deberían tenerle miedo a esas preguntas…