La sobreactuación del presidente De la Espriella que busca aparecer como “el duro” ante las guerrillas puede sumir a ese país en un ciclo creciente de violencia.
La historia reciente de Colombia se dibuja como un péndulo implacable que oscila entre la fe inquebrantable en la salida negociada y el clamor visceral por la autoridad del Estado. Tras el ciclo de la llamada “Paz Total” del gobierno saliente del presidente Petro, el nuevo mandatario De la Espriella ha decidido sepultar los puentes de entendimiento con los grupos residuales y las disidencias de las FARC.
Bajo la impronta simbólica de su autodenominada “Era del Tigre”, el discurso oficial abandona los matices de la diplomacia transicional para instaurar un ultimátum nítido: el sometimiento estricto al imperio de la ley o la neutralización militar absoluta. Esta postura no representa simplemente un cambio de estilo en el ejercicio del poder, sino una reconfiguración total de las prioridades del Estado frente al fenómeno del narcoterrorismo.
El ocaso de la “Paz Total”
El desmantelamiento de las agencias y consejerías dedicadas a la negociación responde a la lectura política de que los vacíos institucionales y las concesiones generaron un reacomodo y expansión de las estructuras armadas ilegales en las regiones más vulnerables. Para el ala gobernante, el experimento de dialogar de manera simultánea con múltiples facciones fragmentadas diluyó la capacidad disuasiva de la fuerza pública.
Los recientes operativos militares en departamentos como Meta y Antioquia, que dejaron bajas de cabecillas de mandos medios vinculados a las facciones de alias “Iván Mordisco”, evidencian que la transición no ha sido un periodo de gracia, sino el banderazo de salida de una ofensiva sin tregua.
Los plazos perentorios dados a los mandos irregulares para entregarse a la justicia buscan demostrar que la retórica de campaña se ha traducido inmediatamente en una directiva operacional de caza a los objetivos de alto valor estratégico.
El dilema territorial y el riesgo estratégico
Sin embargo, retornar a la lógica de la confrontación pura plantea interrogantes mayúsculos sobre la estabilidad a mediano plazo. La historia demuestra que la presión militar sostenida debilita las estructuras insurgentes, pero también suele desencadenar una reacción violenta inmediata contra la infraestructura crítica, las rutas viales y los miembros de la fuerza pública en las periferias rurales. El desafío para la administración actual radica en evitar que la confrontación frontal derive en una espiral de desgaste humanitario o en daños colaterales que profundicen la fractura social en los territorios históricamente golpeados por el conflicto. La autoridad no se mide únicamente por la contundencia de los primeros golpes tácticos, sino por la capacidad permanente del Estado para retener el control institucional de las zonas despejadas, un talón de Aquiles histórico de la seguridad democrática en el país.