El ataque a la CPI no es inocente. Hay una estrategia de potenciar la impunidad para líderes criminales de potencias militares.
La erosión de la arquitectura jurídica multilateral pone en riesgo las garantías de paz y perpetúa la impunidad en un mundo fragmentado. La arquitectura del orden internacional contemporáneo, construida con paciencia y rigor tras los horrores del siglo XX, enfrenta hoy uno ofensa sin precedentes. En el corazón de este entramado de contrapesos y salvaguardas se erige la Corte Penal Internacional (CPI), una institución nacida del Estatuto de Roma con un mandato categórico: garantizar que los crímenes más atroces contra la humanidad —el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad— no queden en la impunidad.
Sin embargo, en los últimos tiempos se asiste a una peligrosa escalada de descalificaciones, presiones políticas y amenazas directas contra este tribunal, impulsadas tanto por potencias globales como por líderes autoritarios. Atacar a la CPI no constituye meramente una disputa diplomática o un desacuerdo jurisdiccional; representa un asalto directo a los cimientos de la justicia global y una claudicación ética frente a la barbarie.
Y acá está la enorme gravedad de los golpes bajos que el Gobierno de Trump y sus funcionarios (Rubio, Hegseth) están realizando. El Presidente Trump expresa cotidianamente su rechazo a la idea de Justicia Universal; jamás podría aceptar que sus funcionarios o sus militares -impunes en su propio país, pese a sus acciones criminales-, fueran juzgados por Tribunales imparciales internacionales. Más allá fue el Secretario de Estado Rubio, quien directamente dijo que “trabajan para desmantelar la CPI”. Y, recientemente, el líder israelí, Netanyahu, se pavoneó por Estados Unidos con la garantía de un Trump que jamás permitiría la ejecución de órdenes de captura en su contra. ¿La razón? Una sola palabra lo define: impunidad criminal.
La primera y más devastadora consecuencia de este debilitamiento institucional es el resurgimiento de la impunidad estructural. Cuando los Estados soberanos sabotean las investigaciones, sancionan a los magistrados o desacreditan los fallos de la Corte, despojan al tribunal de su principal herramienta de cohesión: la autoridad moral y legal coercitiva. Al erosionar la legitimidad de la CPI, se envía un mensaje inequívoco a los perpetradores de atrocidades en todo el mundo: el poder político y militar puede blindar el crimen. Sin un árbitro internacional robusto, la ley del más fuerte suplanta al derecho internacional, permitiendo que las violaciones sistemáticas de derechos humanos se conviertan en moneda de cambio o en daños colaterales de conflictos geopolíticos. Es, decididamente, lo que se está viendo en Gaza y en Cisjordania. El ataque a la CPI por parte de Trump y Netanyahu no es inocente; es la única garantía de mantener el terrible presente en la región.
Asimismo, el socavamiento de la Corte desampara de manera absoluta a las víctimas de los conflictos más encarnizados. Para millones de personas atrapadas en guerras civiles, limpiezas étnicas o regímenes opresivos, la CPI representa la última línea de defensa y la única esperanza genuina de reparación histórica. Cuando el tribunal es asediado y maniatado por presiones externas, se clausura la última ventana de acceso a la justicia para quienes lo han perdido todo.
Este abandono no solo perpetúa el trauma colectivo de las poblaciones afectadas, sino que rompe el pacto de confianza en las instituciones multilaterales, sembrando el resentimiento y garantizando que las semillas de futuros conflictos permanezcan latentes bajo una calma impuesta.
Desde una perspectiva sistémica, los ataques a la CPI aceleran el desmantelamiento del multilateralismo y promueven una peligrosa fragmentación del orden global. La justicia internacional opera bajo el principio de complementariedad, interviniendo únicamente cuando las jurisdicciones nacionales no pueden o no quieren actuar. Al deslegitimar esta instancia judicial de última ratio, se debilita el andamiaje del derecho internacional en su totalidad, afectando áreas que van más allá de lo penal, como el derecho humanitario y los tratados de no proliferación. El vacío dejado por una CPI debilitada es rápidamente ocupado por un cinismo geopolítico donde los derechos fundamentales quedan subordinados a los intereses estratégicos de corto plazo.
Otro efecto corrosivo de esta tendencia es el impacto directo sobre los sistemas judiciales nacionales. La existencia de una Corte Penal Internacional fuerte actúa como un poderoso incentivo para que los tribunales locales asuman su responsabilidad y fortalezcan sus propios mecanismos de control. El estándar internacional eleva la vara de la justicia doméstica. Por el contrario, cuando la CPI es vulnerada y marginada, los sistemas judiciales de naciones con democracias débiles o instituciones cooptadas pierden un referente crítico y un escudo protector, facilitando la instrumentalización del derecho penal local para la persecución de la disidencia en lugar de la protección de los ciudadanos.
Finalmente, la normalización de los ataques a la justicia penal internacional desprovee a la comunidad internacional de su capacidad de disuasión. La efectividad de la CPI no se mide únicamente por las sentencias dictadas, sino por su capacidad para prevenir futuras atrocidades al hacer saber a los comandantes y jefes de Estado que sus actos tendrán consecuencias personales e inderogables. Si las amenazas políticas logran paralizar los procesos judiciales, el efecto disuasorio desaparece por completo, inaugurando una era de inestabilidad global donde el recurso a la violencia extrema se normaliza como herramienta de gestión política.
Defender a la Corte Penal Internacional no es una postura utópica ni una adhesión ciega a una burocracia extranjera; es un ejercicio de realismo político y de supervivencia civilizatoria. Frente al avance de discursos soberanistas que pretenden situar al poder estatal por encima de la dignidad humana, es imperativo que las sociedades democráticas y los Estados comprometidos con los derechos humanos cierren filas en torno al tribunal de La Haya. Preservar su independencia judicial, acatar sus resoluciones y blindar a sus funcionarios contra las represalias políticas son pasos indispensables para evitar que el mundo retroceda a sus capítulos más oscuros. La justicia global es frágil, y permitir su destrucción es condenar el futuro de la humanidad a la repetición cíclica de la impunidad y el dolor.