El doble estándar del país trasandino se ve en gestos y en palabras. No se puede ser aliado del ocupante y del ocupado al mismo tiempo.
La geopolítica latinoamericana arrastra consigo un entramado de lealtades nominales, tratados de papel y resentimientos históricos que, cada cierto tiempo, emergen a la superficie para tensionar las relaciones vecinales. En este complejo tablero, la postura de Chile respecto a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas entre la República Argentina y el Reino Unido constituye uno de los ejemplos más flagrantes de ambigüedad y doble moral en la historia diplomática reciente de la región.
Mientras los discursos oficiales chilenos se visten con los ropajes de la hermandad latinoamericana y el respeto irrestricto al derecho internacional, las acciones históricas y ciertas continuidades contemporáneas revelan una cruda realidad: una política de conveniencia que camina de la mano con el agresor extracontinental mientras simula solidaridad con su vecino inmediato.
Para comprender la raíz de esta contradicción es imperativo regresar a 1982. El apoyo logístico, de inteligencia y de radar que la dictadura militar de Augusto Pinochet brindó a las fuerzas británicas durante la Guerra de Malvinas no fue un mero accidente geográfico, sino una decisión estratégica deliberada. Si bien es cierto que ambos países venían de rozar el conflicto armado en 1978 por el llamado Canal del Beagle (su nombre real es Canal Onashaga), la asistencia chilena a Londres cruzó una línea roja continental.
Chile facilitó información que costó muchas vidas argentinas, actuando como un aliado encubierto de la principal potencia colonial del siglo XX en suelo americano. Este quiebre de la solidaridad regional sembró una desconfianza legítima que la retórica de la transición democrática chilena ha intentado sepultar bajo toneladas de declaraciones bilaterales, pero que nunca ha logrado sanar del todo.
Con la llegada de la democracia, Santiago de Chile adoptó una estrategia de duplicidad discursiva. En los foros internacionales —como la Organización de los Estados Americanos (OEA), las cumbres del MERCOSUR o las Naciones Unidas—, las delegaciones chilenas votan sistemáticamente a favor de las resoluciones que instan a los gobiernos de Buenos Aires y Londres a sentarse a negociar la soberanía del archipiélago.
El argumento público es intachable: Chile apoya los “legítimos derechos” de Argentina y rechaza el colonialismo. Sin embargo, detrás de las luces de las asambleas, la realidad económica y logística cuenta una historia diametralmente opuesta.
La doble moral se materializa en la conectividad aérea y el soporte comercial que Punta Arenas y otras zonas del sur chileno han brindado históricamente a las islas usurpadas. Mientras el bloque regional ha intentado asfixiar el sustento logístico del enclave colonial para forzar a Gran Bretaña a negociar, Chile ha funcionado frecuentemente como una válvula de escape económica para los isleños.
Los vuelos comerciales que conectan Santiago y Punta Arenas con el aeropuerto de Monte Agradable no son solo rutas comerciales; son el cordón umbilical que permite la viabilidad de la ocupación británica, abasteciendo de insumos, permitiendo el recambio de personal y facilitando el turismo que enriquece a la administración colonial. ¿Cómo se puede sostener que se apoya la soberanía argentina mientras se mantiene económicamente vivo al usurpador?
Esta conducta responde a una doctrina de política exterior chilena profundamente arraigada: el pragmatismo insular. Chile se piensa a sí mismo muchas veces como una isla económica y política, separada del resto de Sudamérica por la Cordillera de los Andes. Bajo esta premisa, sus alianzas con potencias anglosajonas y de ultramar suelen primar sobre la construcción de un bloque regional sólido.
Para Santiago, mantener la simpatía y los lazos de defensa con el Reino Unido —un proveedor histórico de armas y tecnología para sus Fuerzas Armadas— es una prioridad que precede a cualquier sentimiento de fraternidad hispanoamericana. La “hermandad” se vuelve entonces un recurso retórico prescindible cuando entran en juego los intereses de defensa y los tratados comerciales bilaterales.
Asimismo, existe una contradicción flagrante entre la defensa que hace Chile de la integridad territorial en otros escenarios globales y su permisividad en el Atlántico Sur. Cuando se trata de conflictos europeos o asiáticos, la diplomacia chilena es la primera en alzar la voz en defensa de las fronteras nacionales y contra la ocupación por la fuerza.
No obstante, ante el despojo territorial que sufre Argentina desde 1833, esa firmeza se diluye en una neutralidad cómplice que beneficia al statu quo colonial. Al negarse a adoptar medidas de presión efectivas y coordinadas con el resto de la región, Chile convalida la política del hecho consumado que impone Londres a través de la militarización del Atlántico Sur…y hasta algún trasnochado Ministro de Defensa reivindica un inexistente “derecho de autodeterminación” para los malvinenses.
La política exterior de un país no puede medirse únicamente por los discursos de sus presidentes de turno o por la firma de comunicados conjuntos que no vinculan a nadie. Se mide en los puertos, en las pistas de aterrizaje y en los acuerdos de cooperación militar que ocurren lejos de las cámaras. La postura de Chile sobre Malvinas es un ejercicio de funambulismo político insostenible a largo plazo.
No se puede ser el aliado estratégico del ocupante y el hermano solidario del ocupado al mismo tiempo. Mientras Chile no resuelva esta profunda contradicción ética y geopolítica, su diplomacia seguirá bajo la sombra de la sospecha, y la integración regional continuará siendo una utopía frenada por la conveniencia de quienes prefieren mirar al norte antes que a su propio vecindario.