La interminable segunda vuelta en Perú muestra dos países, dos proyectos, dos sociedades que, en muchos aspectos, son incompatibles entre sí.
La imagen del Perú contemporáneo evoca la figura de un gigante con pies de barro. Detrás de las cifras macroeconómicas que durante las primeras dos décadas del siglo XXI fueron el orgullo de la tecnocracia regional, se esconde una realidad lacerante: un país profundamente fracturado en sus cimientos políticos, sociales y económicos.
La estabilidad es hoy un espejismo del pasado. Lo que el ciudadano observa en el día a día es una fragmentación sistemática donde las instituciones no representan, la economía no redistribuye y el tejido social se desgarra bajo el peso de la desconfianza y la postergación histórica. Perú no atraviesa una crisis coyuntural; habita un estado de colapso institucional crónico.
La fragilidad política
La fractura política peruana se manifiesta en una descomposición absoluta de su sistema de partidos y en una guerra de desgaste entre los poderes del Estado. El país ha normalizado lo insólito: la sucesión presidencial vertiginosa, el uso indiscriminado de la vacancia por “incapacidad moral” y la disolución de congresos. Las elecciones ya no funcionan como mecanismos para procesar diferencias o construir consensos, sino como catalizadores de nuevos conflictos. De hecho, se está al aguardo de que quien sea electo o electa para presidir el país, lo sea…¡con los votos del exterior!
Los partidos políticos han dejado de existir como vehículos de ideología y programa; se han transformado en vientres de alquiler, franquicias electorales que defienden intereses particulares, economías ilegales o agendas de impunidad jurídica.
Esta atomización ha dejado al Poder Ejecutivo en una condición de vulnerabilidad permanente frente a un Poder Legislativo hipertrofiado que, lejos de fiscalizar, legisla en favor de prebendas y contrarreformas que desmantelan los avances en educación, transporte y meritocracia estatal. El vaciamiento de la legitimidad es total. Cuando las encuestas revelan que la desaprobación de las máximas autoridades bordea niveles históricos, lo que se está midiendo no es el descontento con una gestión específica, sino la ruptura definitiva del contrato social. El ciudadano común percibe al político no como un servidor, sino como un adversario que usurpa los recursos del Estado.
El Abismo territorial y étnico
El correlato de este desbarajuste político es una herida social abierta que divide geográficamente al país. La dicotomía entre Lima —la capital macrocefálica, cosmopolita y concentradora del poder central— y las regiones del interior, particularmente el sur andino y la Amazonía, se ha profundizado. La imagen del resultado electoral de la segunda vuelta marca al Perú blanco, capitalista, industrial y ligado al mundo, con el Perú postergado, de la sierra, la selva y el sur. No son dos candidatos; son dos proyectos de país y dos visiones del mundo. No, Fujimori y Sánchez no son sólo dos candidatos. Son dos países que coexisten.
No se trata solo de una disparidad de ingresos, sino de un quiebre identitario y de dignidad. Las protestas sociales que cíclicamente sacuden el territorio nacional son el grito de un Perú periférico que se siente invisible para las élites limeñas. La respuesta estatal a este descontento, muchas veces caracterizada por la represión desproporcionada, no ha hecho más que consolidar la narrativa de un Estado opresor y racista ante los ojos de las poblaciones indígenas y rurales.
La desconfianza es el pegamento que ya no une a los peruanos. Existe una fractura horizontal entre ciudadanos y una fractura vertical con la autoridad. La inseguridad ciudadana desbocada y la penetración del crimen organizado transnacional han terminado por dinamitar los pocos espacios de cohesión social que quedaban. En un entorno donde el Estado es incapaz de garantizar la vida y la propiedad, la ley de la selva y la justicia por mano propia ganan terreno. El tejido comunitario se debilita, dejando paso al sálvese quien pueda y al resentimiento acumulado de millones de personas atrapadas en la precariedad laboral y la falta de servicios básicos de calidad, como salud y agua potable.
Las promesas rotas del modelo
Durante años, los defensores del “milagro económico” peruano sostuvieron que la economía marchaba por cuerdas separadas a la política. Hoy, esa tesis ha quedado sepultada por la realidad. La incertidumbre política prolongada ha paralizado la inversión privada, motor histórico del empleo formal en el país. El crecimiento económico se ha ralentizado a niveles que impiden la absorción de las nuevas generaciones en el mercado laboral y, peor aún, han empujado a millones de vuelta a las filas de la pobreza y la vulnerabilidad extrema.
La vulnerabilidad económica del Perú radica en su altísima informalidad laboral, que afecta a cerca del 75% de la población económicamente activa. La informalidad no es un rasgo folclórico ni un testimonio del “emprendedurismo” peruano; es el síntoma de un modelo extractivista que genera riqueza concentrada pero es incapaz de crear empleo digno y con derechos a gran escala. Quienes viven en la economía informal carecen de redes de seguridad social, pensiones o acceso al crédito formal, quedando a merced de cualquier choque externo.
Hacia la salida del laberinto
Perú se encuentra en una encrucijada existencial. El país no resistirá indefinidamente el embate de una clase política divorciada de la realidad, una sociedad fragmentada por el desprecio mutuo y una economía que ensancha las brechas en lugar de cerrarlas. Continuar por la senda de la polarización y el parche normativo solo conducirá a un mayor deterioro de las libertades democráticas y a un estancamiento irreversible. La salida de este laberinto requiere reformas estructurales que trasciendan el cortoplacismo de los ciclos electorales. Se necesita un nuevo pacto político que devuelva la seriedad a los partidos, una descentralización efectiva que dote de recursos y capacidades reales a las regiones, y una diversificación productiva que democratice el acceso a la riqueza. Sobre todo, se requiere un liderazgo con la madurez suficiente para entender que el Perú real no se agota en las oficinas de San Isidro ni se resuelve con la demagogia de las plazas altiplánicas. Sanar un país fracturado exige, ante todo, la voluntad de mirarse al espejo, reconocer la validez del dolor del otro y asumir que la viabilidad de la nación depende de la reconstrucción urgente de su comunidad.
