Las huellas del horror en Río Cuarto
El juicio que une los hilos de la dictadura y la masacre del banco
En la mañana de este jueves, en los tribunales se llevó a cabo la audiencia preliminar que dio inicio al postergado juicio por el terrorismo de Estado en el sur cordobés, con 24 imputados, 73 víctimas y el municipio como querellante. Entre los acusados sobresale Miguel Ángel Salinas, cuyo prontuario une de forma sangrienta la tortura en dictadura con la trágica masacre bancaria de 1987
Este jueves se dio un paso fundamental hacia la verdad y la reparación histórica en el sur de Córdoba. En los tribunales de la capital provincial se llevó a cabo la audiencia preliminar que deja las puertas abiertas al inicio del esperado juicio por los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado en Río Cuarto y la zona. El proceso judicial llega tras una dolorosa espera de más de 50 años para los sobrevivientes y los familiares de los afectados.
La causa, de una magnitud inédita para la región, ventilará los delitos cometidos contra 73 víctimas y sentará en el banquillo de los acusados a 24 imputados, entre civiles, exmiembros de las fuerzas de seguridad y militares. En este escenario, la Municipalidad de Río Cuarto ocupa un rol central al haberse constituido como parte querellante, un fuerte respaldo institucional al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia.
El requerimiento de elevación a juicio, impulsado por el Ministerio Público Fiscal a través de los fiscales Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo en la causa “Gutiérrez, Hermes Vicente y otros”, expone el horror perpetrado en el sur cordobés.
Entre la extensa lista de acusados, un apellido genera un eco escalofriante en la memoria colectiva riocuartense: Miguel Ángel Salinas. El mismo hombre que en septiembre de 1987 comandaría la brutal “Masacre del Banco Popular Financiero”, donde seis trabajadores fueron fusilados a sangre fría, vuelve a ser el foco público por haber desplegado, idéntica atrocidad oculta bajo las sombras del aparato represivo de la dictadura.
El calvario de Stella Maris
Para entender la matriz delictiva de Salinas en este proceso, hay que viajar al mediodía del 23 de agosto de 1975. Stella Maris Grafeuille caminaba por el centro de Río Cuarto. Era una joven estudiante y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). No sabía que, a pocas cuadras de allí, una patota de la Unidad Regional Sud de la Policía de Córdoba acababa de irrumpir en su casa familiar. En un acto de pura intimidación, los efectivos le apuntaron con un arma en la cabeza a su hermano Sergio, un adolescente de apenas 15 años, obligando a su otra hermana, Ofelia, a conducirlos hasta el paradero de Stella.
El encuentro final se produjo en el bar y confitería “San Marcos”, sobre la calle Sobremonte. Allí, a la vista de todos, Stella Maris fue reducida y secuestrada. La patota policial encargada del operativo estaba integrada, entre otros, por Juan Carlos Nieto, Miguel Ángel Gómez y el entonces joven policía Miguel Ángel Salinas.
La trasladaron de inmediato al edificio de la Unidad Regional Sud, en calle Belgrano al 50. Lo que siguió durante los siguientes 34 días fue un descenso a los sótanos de la crueldad humana. El expediente judicial detalla con precisión descriptiva el calvario de la joven como el de muchas otras víctimas. Con los ojos permanentemente vendados por una capucha de tela negra, Stella Maris fue sometida a constantes torturas físicas y psíquicas. Los represores, con Gómez, Nieto, Daniel Di Santo y Salinas a la cabeza, la golpeaban salvajemente en la cabeza y el estómago, la sentaban en una silla para empujarla y zamarrearla de un lado a otro mientras le lanzaban insultos y amenazas denigrantes destinadas a quebrar su resistencia moral.
El sadismo no se detuvo en los golpes. Desnudada por la fuerza sobre una mesa, Stella Maris tuvo que soportar constantes manoseos sexuales y explícitas amenazas de violación por parte de Salinas y sus camaradas. Su cuerpo y su mente se convirtieron en el territorio de una violencia estatal que buscaba anularla por completo.
A fines de septiembre de 1975, el cautiverio continuó en la Unidad Penitenciaria N° 1 del Barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba. Con el advenimiento del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, las condiciones empeoraron bajo el control del Ejército. Aislamiento estricto, celdas de castigo sin abrigo ni luz, alimentación deficiente, requisas vejatorias y la absoluta prohibición de ver a su familia marcaron sus días hasta que fue transferida a la Cárcel de Villa Devoto. Recién en julio de 1980, Stella Maris pudo volver a respirar la libertad, llevando consigo las marcas invisibles de un tormento imborrable.
De la mesa de tortura al pasillo del banco
La reconstrucción de los crímenes de lesa humanidad en Río Cuarto adquiere una dimensión aún más escalofriante al cruzar los datos históricos. Quienes sufrieron o investigaron la violencia de aquellos años señalan que la impunidad con la que actuaron los represores sembró las bases para crímenes posteriores. El caso de Miguel Ángel Salinas es el ejemplo más nítido y trágico de esta continuidad.
Doce años después de haber arrastrado y denigrado a Stella Maris Grafeuille, Salinas ya no vestía el uniforme oficial de manera activa para la represión política, pero conservaba intactas las prácticas operativas aprendidas en la dictadura: encadenar, encapuchar y fusilar.
El 16 de septiembre de 1987, Salinas utilizó su conocimiento de la sucursal número dos del Banco Popular Financiero de Río Cuarto, donde realizaba tareas de custodia adicional, para perpetrar junto a unos cómplices un asalto brutal. Confiados en que se trataba de un rostro conocido, los empleados le abrieron la puerta temprano en la mañana. Lo que siguió fue una carnicería que conmocionó al país. Los trabajadores bancarios fueron atados con cadenas, encapuchados y fusilados uno a uno en la oficina de la gerencia por un magro botín en australes. Seis de ellos (Jorge Garay, José Rubén Bianco, Ángel Angelini, Alejandro Muzzio, Víctor Meynet y Ricardo Ferreira) murieron. Solo el gerente, Roberto Denner, sobrevivió milagrosamente tras recibir un disparo en la nuca, convirtiéndose en el testigo clave que desarmó la coartada del policía.
Salinas fue condenado a prisión perpetua en 1989 por la masacre del banco. Décadas más tarde, tras recuperar la libertad condicional, el pasado volvió a buscarlo. Este nuevo proceso judicial por delitos de lesa humanidad viene a demostrar que el asalto de 1987 no fue un hecho aislado ni la mera locura de un delincuente común, sino el accionar de un sujeto moldeado en la escuela del terrorismo de Estado, donde la vida humana no tenía valor alguno. La audiencia realizada este jueves marca el inicio del fin de la impunidad. El testimonio de sobrevivientes como Stella Maris Grafeuille, plasmado hoy en las fojas de la elevación a juicio, es la pieza fundamental que desarma el olvido. Río Cuarto se encamina a un proceso judicial histórico donde el pasado se encuentra de frente con el presente, con la firme promesa de que la memoria, tarde o temprano, siempre termina ganando la batalla.