¿Puede entenderse la victoria eventual de la extrema derecha en Colombia sólo como un cambio político más? Tal vez sea demasiado lo que la sociedad colombiana arriesga con el “cambio”; derechos y paz.
El retorno de la derecha a la arena política central de Colombia es un fenómeno complejo que trasciende las fronteras de los partidos tradicionales y sacude los cimientos sociales, económicos y geopolíticos del país.
Tras el histórico giro a la izquierda representado por el gobierno de Gustavo Petro, el debate sobre un viraje ideológico en las próximas elecciones presidenciales de 2026 no es solo una cuestión de alternancia democrática. Se trata de un interrogante profundo sobre el rumbo de la paz, la economía de mercado y la estabilidad regional, cuya respuesta concierne a múltiples actores con intereses contrapuestos.
En primera instancia, este escenario le concierne directamente a la ciudadanía de a pie y a los movimientos sociales. Para los sectores populares, las comunidades étnicas y las organizaciones de derechos humanos, la posibilidad de un gobierno de derecha despierta alarmas sobre la continuidad y el financiamiento de la “Paz Total” y la implementación del Acuerdo de 2016.
Existe un temor fundado a que se priorice nuevamente la doctrina de la seguridad democrática basada en la respuesta militar, lo que podría intensificar el conflicto en las regiones periféricas. Por el contrario, para las clases medias y altas urbanas, agobiadas por el deterioro de la seguridad ciudadana, la extorsión y el estancamiento económico, el regreso de una fuerza de derecha representa la promesa de restablecer el orden público, la autoridad institucional y la confianza inversionista.
El sector empresarial y los mercados financieros internacionales constituyen otro bloque al que este retorno impacta de manera decisiva. Durante la administración de izquierda, gremios de la producción, petroleros y el sector energético privado han operado bajo una constante incertidumbre regulatoria y fiscal.
Una centroderecha o derecha en el poder significa para ellos el retorno a políticas fiscales de austeridad, la reactivación de contratos de exploración de hidrocarburos y la flexibilización de reformas laborales o de salud que consideraban asfixiantes. La reactivación de la inversión extranjera directa depende, en gran medida, de las señales de estabilidad jurídica que un gobierno de corte pro-mercado pueda ofrecer a los capitales globales.
En el ámbito internacional, el destino político de Colombia es un asunto de máxima relevancia geoestratégica, especialmente para los Estados Unidos y los gobiernos de la región. Colombia ha sido históricamente el principal aliado de Washington en Sudamérica y una pieza clave en la estrategia antinarcóticos. Un gobierno de derecha alineado con los intereses estadounidenses garantizaría una revisión de las políticas de sustitución de cultivos de coca, las cuales han sido criticadas por su falta de efectividad reciente.
Asimismo, en una América Latina fragmentada, el color ideológico de Bogotá inclina la balanza de poder en bloques como la OEA o la Comunidad Andina, afectando la postura regional frente a crisis complejas como las de Venezuela y Nicaragua.
Finalmente, este fenómeno interpela de forma crítica a los propios partidos políticos y al sistema democrático colombiano. Para las fuerzas progresistas y de izquierda, el auge de la derecha expone la necesidad de realizar una autocrítica profunda sobre la gobernabilidad, la ejecución presupuestal y la fragmentación interna que debilitó su proyecto de cambio.
Para la derecha, el reto no es menor: no pueden limitarse a capitalizar el voto castigo o el descontento popular. El país actual exige propuestas modernas que no ignoren la profunda desigualdad social ni las demandas de transición ecológica. En conclusión, el retorno de la derecha en Colombia no es un asunto exclusivo de las élites políticas; le concierne a toda una sociedad que busca desesperadamente un equilibrio esquivo entre el orden, la justicia social y el progreso económico, pero que tras ese anhelo arriesga los avances sociales, las mejoras en salud y salarios y una paz que no logra plasmarse en hechos definitivos.
