Personas con discapacidad, familias y prestadores se movilizaron en Plaza Roca para visibilizar la crisis del sector. Denuncian deudas, interrupción de prestaciones y, sobre todo, falta de respuestas.
Pilar se acerca al micrófono con su celular en la mano. Respira, mira al frente y empieza a leer. Dice que nació con una discapacidad y que, por primera vez, le suspendieron el tratamiento. Alrededor, en la Plaza Roca, el murmullo se apaga. Hay madres que asienten, profesionales que cruzan miradas, estudiantes que escuchan en silencio. No es un caso aislado: es una escena que se repite y que esta vez salió a la calle.
La jornada de movilización reunió el miércoles a instituciones, profesionales, familias y personas en situación de discapacidad de Río Cuarto en un escenario común: la preocupación frente a las políticas a nivel nacional.
Entre las organizaciones presentes estuvieron cooperativas, fundaciones, centros de día, espacios terapéuticos y equipos interdisciplinarios, junto a familias y prestadores. También acompañaron colegios profesionales y hubo respaldo institucional desde el ámbito legislativo local. Desde el inicio, la convocatoria se planteó como un espacio de encuentro y análisis colectivo. La consigna fue clara: visibilizar una realidad que, según señalaron, se viene profundizando desde el año pasado y que hoy atraviesa a todo el sector.
Pilar, una de las oradoras, contó que, por primera vez desde que tiene memoria, su tratamiento de kinesiología fue interrumpido debido a deudas en el sistema de prestaciones. Su testimonio apuntó a un escenario más amplio: habló de desregulación, de la falta de implementación de leyes de financiamiento y de discursos que estigmatizan. “Las cosas están peor”, afirmó, y remarcó la importancia de sostener la organización colectiva frente a políticas que, según expresó, “pretenden borrarnos del mapa”.
Juan, estudiante universitario, definió la situación como “insostenible”. Su intervención puso el foco no solo en las personas con discapacidad, sino también en las familias que sostienen los tratamientos y en las instituciones que dependen de recursos para funcionar. Reclamó mayor participación social y advirtió que la problemática no puede quedar reducida a un sector específico. En la misma línea, uno de los oradores vinculó la situación actual con decisiones del gobierno nacional y alertó sobre posibles reformas que podrían afectar derechos adquiridos. Insistió en la importancia del voto como herramienta de cambio, aunque también remarcó la necesidad de sostener la movilización en el espacio público.
Entre las familias, el impacto se expresó en términos concretos y cotidianos. Una madre señaló que tanto prestadores como usuarios del sistema se verían perjudicados por los cambios en discusión, y llamó a la unidad para enfrentar el escenario.
Otra de las intervenciones, desde la experiencia de una madre con años de recorrido en el sector, combinó una mirada positiva sobre la evolución social en materia de inclusión con una fuerte crítica al presente. Recordó los inicios de una cooperativa creada ante la falta de espacios para su hijo y destacó el crecimiento logrado a lo largo del tiempo. Sin embargo, advirtió que nunca había vivido una situación como la actual, a la que definió como “dramática”.
El denominador común de la jornada fue la incertidumbre. Prestadores que no cobran, tratamientos que se suspenden, instituciones que ven comprometido su funcionamiento y familias que temen por la continuidad de las prestaciones.
La plaza se convirtió en un espacio de visibilización y también de advertencia. Las voces que se escucharon no solo describieron una crisis, sino que buscaron interpelar al resto de la sociedad, porque, como se repitió en más de una intervención, la discapacidad no es un problema aislado, sino una cuestión de derechos. Y lo que hoy está en juego, sostienen, no es solo un sistema de prestaciones, sino las condiciones de vida de miles de personas.