La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene un pedido de captura contra Netanyahu, no obstante lo cual Trump garantizará su impunidad cuando viaje a Nueva York.
La emisión de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra Benjamín Netanyahu marca un hito sin precedentes. Sin embargo, su materialización depende enteramente de la voluntad política de los Estados miembros, ya que el organismo no cuenta con una fuerza policial propia.
La orden de detención internacional emitida por los jueces de la CPI señala que existen motivos razonables para responsabilizar penalmente al primer ministro israelí por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Entre ellos, se destacan el uso del hambre como arma de guerra, el asesinato y la persecución de la población civil en Gaza. Esta resolución coloca a los 124 Estados miembros del Estatuto de Roma —lo que incluye a potencias aliadas de Israel como Francia, Alemania y el Reino Unido— en la encrucijada jurídica y diplomática de tener que arrestar a Netanyahu si este pisa su territorio.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el mandato es claro. La CPI actúa como el tribunal de última instancia para juzgar a los máximos responsables de las peores atrocidades cuando los sistemas judiciales nacionales no pueden o no quieren hacerlo. Al tratarse de un jefe de Estado en ejercicio, la corte desestima la inmunidad diplomática tradicional, un principio que históricamente protegió a los líderes de ser procesados mientras ostentaban el poder.
La realidad geopolítica y la división de posturas
Pese a la contundencia de los cargos, la ejecución real de la orden enfrenta barreras geopolíticas insuperables a corto plazo. En primer lugar, Estados Unidos, el principal aliado de Israel, no es miembro de la CPI y ha rechazado categóricamente la posibilidad de que Netanyahu sea detenido, llegando a amenazar con sanciones económicas a la institución judicial. Esto otorga al mandatario israelí una amplia zona de seguridad geopolítica.
A nivel internacional, el escenario está profundamente polarizado. Mientras que los organismos de derechos humanos y diversos países europeos han manifestado su intención de acatar el mandato de la CPI si se presentara la ocasión, otras naciones han adoptado una postura de rechazo absoluto. En América Latina, por ejemplo, los gobiernos han mostrado posturas divididas; mientras algunas administraciones respaldan la institucionalidad de la Corte, otras —como el gobierno del Presidente Milei— han rechazado tajantemente la medida, argumentando que subvierte la distinción entre víctima y victimario en el conflicto.
El impacto a largo plazo
Más allá de una captura inminente, el impacto de este proceso legal es profundo y multidimensional. En primer lugar, la orden de arresto impone un estigma imborrable sobre el liderazgo de Netanyahu y restringe drásticamente sus movimientos internacionales. El aislamiento diplomático que supone ser un prófugo de la justicia internacional debilita la legitimidad de sus políticas y añade una inmensa presión sobre su administración, complicando las relaciones bilaterales incluso con países tradicionalmente aliados.
En segundo lugar, este escenario representa una prueba de fuego para la credibilidad y el futuro de la propia CPI. Críticos históricos del tribunal señalaban que sus acusaciones se concentraban desproporcionadamente en líderes africanos. Procesar a un líder occidental de un aliado clave desafía esta narrativa, pero también expone a la Corte a represalias políticas severas por parte de las superpotencias que buscan proteger sus intereses estratégicos.
En conclusión, la posibilidad de que Benjamín Netanyahu sea efectivamente detenido y trasladado a La Haya es, hoy por hoy, un escenario improbable debido a la falta de un mecanismo coercitivo global y a la protección brindada por potencias no firmantes del tratado. No obstante, la vigencia de esta orden de arresto altera irreversiblemente el tablero político mundial, consolida el escrutinio sobre las operaciones militares en Gaza y demuestra que ningún líder, por más poderoso que sea o los aliados con los que cuente, está totalmente exento del alcance del derecho penal internacional.