El calendario político peruano parece haber quedado atrapado en un bucle temporal. Mientras otras naciones de la región procesan sus crisis hacia nuevas configuraciones, el Perú retorna, con una periodicidad casi ritual, al mismo apellido que definió su ingreso a la modernidad autoritaria en los años noventa.
La reciente muerte de Alberto Fujimori no ha clausurado una era; por el contrario, ha subrayado la vigencia de un fenómeno que, más que una corriente política, se ha convertido en el eje gravitacional —por acción o por reacción— de la democracia peruana.
El fujimorismo no es un recuerdo, es una estructura de poder que sobrevive a su fundador. Durante más de tres décadas, el país ha vivido bajo el diseño institucional de la Constitución de 1993, un traje a medida que permitió la apertura económica pero que también debilitó el sistema de partidos. En este “eterno presente”, la figura del “Chino” mutó de dictador a reo, y de reo a símbolo de una estabilidad añorada por sectores que priorizan el orden sobre las formas democráticas.
La paradoja es total: el antifujimorismo es hoy tan potente como el fujimorismo mismo. Las elecciones en Perú no se ganan proponiendo un modelo de país, sino posicionándose a favor o en contra de este legado. Este binarismo ha impedido el surgimiento de alternativas sólidas, dejando al electorado en una transición perpetua donde el pasado siempre tiene la última palabra.
Keiko, la heredera del asedio
Si Alberto fue el arquitecto, Keiko Fujimori ha sido la guardiana del capital político familiar. Su trayectoria representa la resiliencia de una marca que, pese a tres derrotas consecutivas en segunda vuelta y procesos judiciales por corrupción (el caso Cócteles), mantiene una disciplina de voto que envidiaría cualquier partido moderno.
Sin embargo, el fujimorismo de Keiko ha pasado de ser una fuerza de gobierno a una fuerza de bloqueo. Desde el Congreso, su bancada ha ejercido un poder de veto que ha contribuido a la inestabilidad presidencial de los últimos ocho años. En este escenario, la familia no solo busca el poder ejecutivo, sino que se ha especializado en controlar los hilos del Legislativo, transformando la política en un ejercicio de supervivencia judicial y conveniencia parlamentaria.
Una sociedad fracturada por la memoria
El “eterno presente” de los Fujimori también se explica por una herida social que no cierra. Para una parte del país, el apellido es sinónimo de la derrota del terrorismo y el fin de la hiperinflación. Para la otra, representa las esterilizaciones forzadas, la compra de medios de comunicación y la violación sistemática de los Derechos Humanos.
Esta polarización no es estática; se hereda. Las nuevas generaciones, que no vivieron el “fujishock” ni el desplome del régimen en el año 2000, consumen una narrativa mitificada o demonizada, alimentando un ciclo donde el debate técnico es reemplazado por la identidad visceral. El Perú camina hacia el futuro mirando por el espejo retrovisor.
El vacío de alternativas
¿Por qué el Perú no puede superar este capítulo? La respuesta reside en la precariedad de sus opositores. La izquierda y el centro político no han logrado construir una estructura que trascienda el “odio al Fujimori”. Al no haber un proyecto de nación alternativo que ofrezca la misma sensación de seguridad —aunque sea ficticia— que el fujimorismo proyecta, el electorado regresa al puerto conocido.
Incluso en la actualidad, con un gobierno de bajísima legitimidad, el fujimorismo actúa como el soporte invisible que sostiene la precaria paz política, a cambio de reformas que favorezcan su agenda de cara a 2026. Es el juego de la permanencia: estar presentes sin desgastarse del todo en el ejercicio directo del mando.
¿Hacia un post-fujimorismo?
La historia de la familia Fujimori es la historia de las últimas tres décadas del Perú. Su presencia constante es el síntoma de una democracia que no ha sabido renovar sus élites ni resolver sus promesas de justicia social. Mientras el apellido Fujimori siga siendo el único referente de orden para unos y de amenaza para otros, el país seguirá condenado a este eterno presente.
Superar esta etapa no implica olvidar, sino construir una política que no necesite de un villano o un salvador con nombre propio. El Perú merece salir de la sombra de la familia para empezar a discutir su futuro, un futuro que, por ahora, parece seguir secuestrado por los ecos de una década que se niega a terminar.